La facultad de Humanidades de la UNCA, a través de un documento que firma la decana Patricia Breppe, expresó su preocupación y repudio ante la suspensión del comienzo del juicio contra Enrique Aybar, actual intendente de La Puerta de Corral Quemado, por un abuso sexual presuntamente cometido contra una adolescente de esa localidad.

“Desde la Facultad de Humanidades expresamos nuestra suma preocupación y repudio por la dilación de la expedición de Justicia que se manifiesta en este caso. Como acompañantes a las víctimas, estudiantes y egresadas de nuestra Casa de Estudios, así como a la comunidad en general que ha sido afectada, alzamos nuestra voz, junto a ellas, para exigir, una vez más, el más pronto enjuiciamiento por estos delitos y una urgente sentencia justa que ponga fin a la impunidad que lacera a todos; a las víctimas directas en primer lugar, pero también al conjunto de nuestra comunidad política en general. Crímenes de esta naturaleza deben ser juzgados con suma celeridad; ninguna demora se puede tolerar; pues cada momento que el acto de justicia se dilata, supone no sólo una instancia de revictimización y violentamiento de las víctimas, sino también una prolongación de la pedagogía del terror a través de la cual se reproduce la matriz patriarcal y la violencia machista de una sociedad”, señala el escrito.

Más adelante sostiene: “La Justicia no puede mantenerse ajena a las manifiestas condiciones de asimetría estructural de poder que, en este caso, envuelve a las víctimas y sume a toda la comunidad local a verse sometida a prácticas intimidatorias y de hostigamiento generalizado. La Justicia no puede hacer caso omiso que ello involucra la configuración de un escenario de indefensión generalizada y de virtual vulneración y precarización de las garantías y derechos más fundamentales de quienes han sido víctimas de abuso y de quienes tuvieron la valentía de denunciar esos crímenes. En este marco, la dilación de la Justicia se hace cómplice de esa pedagogía del terror del orden patriarcal, pero también supone una vulneración del Estado de Derecho en sí, bajo cuyo orden, mínimamente, esperamos convivir”.

“En virtud de ello –agrega-, instamos a las autoridades judiciales competentes, obrar con la máxima celeridad y diligencia que el caso amerita; que tome las medidas precautorias necesarias para salvaguardar la integridad de las víctimas y que, de una vez por todas, se haga Justicia. Asimismo, remarcamos la necesidad de que el Estado, en sus tres poderes, se capacite y se transforme para no seguir reproduciendo desde sus actuaciones y omisiones las injusticias y desigualdades de género que a diario afectan a las mujeres en particular, y a la sociedad toda, en general”.

“Saludamos y celebramos con nuestra admiración y acompañamiento, la fortaleza y la lucha de las mujeres por seguir adelante en su reclamo de Justicia y sostenerse firmes ante los atropellos del poder. Al contrario de la actuación institucional, sus reclamos de Justicia constituyen una pedagogía de la paz, de la confraternidad y de la convivencia democrática a la que aspiramos. Junto a ellas, unimos nuestras voces para proclamar: ´Vivas nos queremos en nuestros territorios´”, finaliza el documento.